Caso Dominga: admiten querella por cohecho y tráfico de influencias
Greenpeace Chile presentó una querella criminal para investigar presuntos pagos por $155 millones vinculados al proyecto Dominga. La acción apunta a esclarecer posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias en decisiones judiciales relacionadas con la iniciativa minera.
Redacción Punto9
Equipo editorial

Greenpeace Chile presentó una querella criminal contra quienes resulten responsables por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, en el marco de nuevos antecedentes vinculados al proyecto minero Dominga, impulsado por la empresa Andes Iron.
La acción legal fue presentada por el abogado Mauricio Aza, en representación de la organización ambiental, y apunta a investigar transferencias por $155 millones realizadas por Andes Iron al estudio jurídico Lagos, Vargas y Silver.
Según los antecedentes expuestos por Greenpeace, el estudio receptor de los pagos mantiene vínculos que generan sospechas, debido a que allí trabaja la esposa del ministro de la Corte Suprema Jampier Matus, quien en distintas ocasiones falló a favor del proyecto Dominga.
El director de Greenpeace Chile, Matías Asun, sostuvo que no existe claridad sobre los servicios prestados por dicho estudio jurídico. Además, señaló que la querella no busca acusar directamente a personas determinadas, sino abrir una investigación judicial que permita esclarecer el origen, destino y justificación de los pagos.
La organización también cuestionó una serie de fallos judiciales que permitieron que Dominga continuara su tramitación, pese a rechazos previos en instancias de evaluación ambiental y en el Comité de Ministros.
Aunque la querella apunta al ámbito judicial, Greenpeace reiteró sus críticas ambientales al proyecto, señalando que sus estudios de línea base tendrían entre 14 y 15 años sin actualización. La organización advirtió riesgos para especies como el pingüino de Humboldt y ballenas presentes en el área de influencia.
El proyecto Dominga acumula más de una década de controversias ambientales, políticas y judiciales. Para Greenpeace, la investigación debe aclarar si existieron irregularidades en las decisiones que permitieron mantener activa la tramitación de la iniciativa minera.
¿Qué te pareció esta nota?
Noticias relacionadas

Gobierno Regional entrega maquinaria para reciclaje en Perquenco

Playa Grande de Pucón queda con bandera roja por presencia de algas tóxicas

Gremios turísticos de Pucón acusan pérdidas diarias de $15 millones por cierre de áreas protegidas

