CDE se querella por $143 millones del GORE Araucanía
El Gobernador René Saffirio valoró la querella del Consejo de Defensa del Estado por fraude al fisco y lavado de activos contra un exfuncionario del GORE Araucanía y familiares, en una investigación por recursos transferidos a la Universidad Autónoma y a la Agencia de Desarrollo Productivo.
Redacción Punto9
Equipo editorial

El Gobernador de La Araucanía, René Saffirio, valoró la querella criminal presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por los delitos de fraude al fisco y lavado de activos, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos del Gobierno Regional.
La acción judicial apunta a un presunto perjuicio fiscal superior a los $143 millones, asociado a programas financiados por el GORE Araucanía entre los años 2022 y 2023.
La querella fue ingresada ante el Juzgado de Garantía de Temuco por el procurador fiscal del CDE, Diego Acuña Gálvez. En el documento se individualiza como querellados al exfuncionario Roberto Hernán Soto Fuentes, a Marlene Inzunza Sepúlveda y a Silvana Sepúlveda Mora, además de quienes resulten responsables durante la investigación.
Saffirio señaló que valora la decisión del organismo de querellarse contra las personas mencionadas, por un monto de $143 millones transferidos a la Universidad Autónoma de Chile y a la Agencia de Desarrollo de La Araucanía durante 2022 y 2023.
La causa es investigada por la Fiscalía de Alta Complejidad de Temuco y considera transferencias realizadas a la Agencia de Desarrollo Productivo y a la Universidad Autónoma, en el marco de programas de reactivación económica y fortalecimiento productivo.
Los recursos cuestionados corresponden a proyectos vinculados a adquisición de maquinaria, equipamiento agrícola, aserraderos portátiles, contenedores y servicios digitales.
Según los antecedentes, parte de estas iniciativas habrían sido adjudicadas pese a eventuales conflictos de interés, debido al rol que cumplía el exfuncionario en procesos de seguimiento y evaluación de proyectos financiados con recursos del Gobierno Regional.
La querella busca perseguir eventuales responsabilidades penales y civiles derivadas de los hechos investigados.
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