Empresario de Temuco arriesga penas por delitos económicos
Carlos García Gross enfrentará el 13 de mayo la audiencia de preparación de juicio oral por una investigación iniciada en 2021, donde se le acusa de vaciar su patrimonio y el de Garoagro para evitar el pago de deudas superiores a $8.000 millones.
Redacción Punto9
Equipo editorial
El proceso judicial contra el empresario de Temuco, Carlos García Gross, entrará en una etapa clave el próximo 13 de mayo, cuando se realice la audiencia de preparación de juicio oral.
La causa, iniciada en 2021, investiga una presunta trama de delitos económicos vinculada al vaciamiento sistemático de su patrimonio personal y de su empresa agrícola ganadera Garoagro.
Según la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, el imputado habría ejecutado una estrategia para evitar el pago de deudas que superan los $8.000 millones.
La investigación sostiene que García Gross, junto a su esposa, sus hijos y su abogado, Ramón Ossa, habría simulado contratos para transferir bienes inmuebles urbanos y rurales a sociedades relacionadas.
Estas operaciones se habrían realizado mediante compraventas por montos bajos o transacciones donde el dinero no fue efectivamente pagado, dejando los activos fuera del alcance de los acreedores.
Uno de los antecedentes centrales apunta a la empresa Garoagro, que en 2018 registraba ventas anuales cercanas a los $3.000 millones. De acuerdo con la acusación, la firma fue vendida al abogado Ossa por $5 millones y luego transferida a otra sociedad por $20 millones.
La Fiscalía solicitó penas que incluyen dos condenas de siete años de presidio para García Gross, por ocultamiento de bienes y uso malicioso de instrumento público. Además, arriesga cinco años por disposición ilícita de patrimonio y dos penas de 540 días por simulación de contrato y ocultamiento de libros contables.
Para la esposa y los tres hijos del matrimonio, el Ministerio Público pidió penas de siete años por ocultamiento de bienes, siete años por uso malicioso de documentos y 540 días por simulación de contrato.
La defensa, en tanto, busca declarar inimputable al empresario, argumentando que padece un deterioro cognitivo grave.
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