Lavín León queda en prisión preventiva por corrupción

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León, tras ser formalizado por los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos.

La resolución fue dictada por el juez Daniel Urrutia, quien sostuvo que la libertad del exparlamentario constituye un peligro para el éxito de la investigación y para la seguridad de la sociedad, debido a la gravedad y extensión de los hechos investigados.

Durante la audiencia, el tribunal concluyó preliminarmente que Lavín León no solo habría utilizado recursos públicos para fines personales, sino que además habría diseñado y controlado una estructura de financiamiento ilícito orientada a beneficiar proyectos propios y a su círculo político y familiar.

Uno de los principales antecedentes expuestos en la resolución judicial corresponde a la plataforma denominada Social Task. Según el magistrado, Joaquín Lavín León no actuaba como un usuario externo del sistema, sino como el verdadero impulsor, financista y controlador del proyecto.

El juez sostuvo que el exdiputado ideó un mecanismo para que el desarrollo de la plataforma fuera financiado con recursos provenientes del Congreso Nacional. En esa línea, se detectó la contratación de un tercero, identificado como Vásquez Diéguez, quien habría recibido cerca de $17 millones con cargo al erario público para trabajar en la creación y desarrollo de esta herramienta tecnológica privada.

El tribunal también señaló que Lavín León habría actuado posteriormente como promotor y “vendedor” del software, ofreciéndolo a otros parlamentarios y actores políticos vinculados principalmente a la UDI.

La investigación además expuso un presunto esquema sistemático de desvío de fondos públicos entre los años 2019 y 2025, utilizando la glosa de gastos operacionales a través de la empresa Modo 74.

De acuerdo con los antecedentes revisados por el tribunal, los pagos efectuados mediante esta empresa correspondían a servicios que el juez calificó como “ajenos a la función parlamentaria”.

Las cifras detalladas durante la audiencia indican que los montos asociados a estos gastos fueron aumentando de manera sostenida durante varios años:

• 2019: aproximadamente $4,2 millones

• 2020: cerca de $14 millones

• 2021: cerca de $14 millones

• 2022: aproximadamente $17 millones

• 2023: alrededor de $12 millones

• 2024: cerca de $12 millones

• 2025: aproximadamente $11 millones

Según la resolución, Lavín León concentró el 56% de la facturación histórica de Modo 74, equivalente a cerca de $106 millones de pesos de origen público destinados al financiamiento de su propio proyecto.

El juez Daniel Urrutia también vinculó parte importante de la facturación restante con personas cercanas al imputado y con militantes de la UDI a quienes, según la investigación, el propio Lavín León habría ofrecido el servicio.

Entre esos antecedentes, el tribunal mencionó pagos asociados a su cónyuge, Cathy Barriga, por cerca de $10 millones, y a su padre, Joaquín Lavín Infante, por aproximadamente $3 millones, montos que posteriormente habrían sido rendidos ante el Servicio Electoral.

Otro de los puntos abordados por el Ministerio Público corresponde a presuntas facturas ideológicamente falsas vinculadas al proveedor MMG.

La Fiscalía sostuvo que se rindieron ante el Congreso documentos por trabajos que nunca fueron realizados, situación que el tribunal consideró respaldada preliminarmente por los antecedentes presentados durante la formalización.

De acuerdo con la resolución, las facturas no tendrían una contraprestación real, configurando así un eventual fraude al Fisco mediante documentación falsa.

Finalmente, el juez concluyó que existen antecedentes suficientes para establecer, en esta etapa inicial de la investigación, que Lavín León habría utilizado una plataforma financiada con recursos públicos para la obtención, administración y gestión de bases de datos electorales, incluso fuera de su distrito parlamentario, con fines directamente relacionados con campañas políticas.

Por esta razón, el tribunal determinó su ingreso inmediato a un recinto penitenciario mientras continúa el desarrollo de la investigación penal.